Cuba denunció este miércoles ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla, que, con un cerco petrolero, afecta gravemente al sector de la cultura en la isla. 

La acusación la realizó Laura Álvarez, integrante de la Delegación Permanente cubana ante la organización, en el contexto de un decreto emitido el 29 de enero por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien calificó a La Habana de «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de su país, amenazando con la imposición de aranceles a las naciones que suministren o vendan petróleo a Cuba, exacerbando una política de asfixia económica y castigo colectivo que se ha mantenido por más de seis décadas.

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Álvarez expresó su pesar por tener que «utilizar este espacio para realizar una denuncia sobre el crimen que se comete», en lugar de celebrar la contribución de Cuba al 20 aniversario de la Convención del 2005 para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 

Denunció que las dificultades, en particular con el sistema energético, generan la cancelación de eventos culturales y a trasladar con serias limitaciones técnicas numerosas iniciativas del espacio presencial al digital.

“Todo esto afecta la vida artística y creativa de nuestro pueblo, por lo que el bloqueo estadounidense y su recrudecimiento amenazan severamente el cumplimiento de la Convención del 2005, limitan el desarrollo de nuestros artistas y creadores y restringen, además, el acceso de otros pueblos a la riqueza cultural cubana”, explicó.

Rechazo a la asfixia energética

Washington justifica este cerco con acusaciones sobre alianzas militares con potencias extranjeras y presencia de grupos hostiles en la isla. Ante esto el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reafirmó que su país no es un Estado agresor, sino que ha sido víctima de hostilidades por parte de Estados Unidos durante 66 años, describiendo las medidas actuales como criminales y motivadas por intereses personales de la dirigencia norteamericana.

De acuerdo con cifras suministradas por el Gobierno cubano, las pérdidas acumuladas a lo largo de seis décadas ascienden a 170.677 millones de dólares, afectando drásticamente el desarrollo y bienestar de la sociedad.

El informe presentado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica el recrudecimiento de estas políticas coercitivas como un «acto de genocidio económico», denunciando que el objetivo de Washington es doblegar a la nación a través del hambre y la necesidad e imponer cambios políticos a su antojo y conveniencia.

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